Delito y pena en la jurisprudencia constitucional

Pese al dictado de la teoría económica clásica, que caracteriza la intervención del Estado en la economía como puramente correctiva, la experiencia nos muestra que el gran objetivo del bienestar común precisa de acciones públicas más allá de su foco en las fallas del mercado. En no pocas ocasiones, por diversas razones, la acción directa de la Administración en los mercados como un agente económico más cobra una importancia inusitada. La Administración Pública se despoja en estos eventos de su manto de autoridad y de su tradicional papel de regulador y supervisor del mercado...

Análisis de todas las reclamaciones que se pueden emprender derivadas de la asistencia sanitaria, tanto pública como privada, planteando los supuestos de máxima actualidad (listas de espera, falta de consentimiento e información, reintegro de gastos ocasionados fuera de la medicina pública, etc.) y de la determinación de los órganos jurisdiccionales ante los que se debe plantear la reclamación, de acuerdo con las últimas resoluciones del Tribunal Supremo.En esta quinta edición se estudia el traspaso de competencias en materia sanitaria a las CC.AA. y se analizan la Ley 41/2002,...

La libertad de expresión y de opinión es un derecho clave para poder ejercer el derecho a proteger y promover los derechos humanos que está protegido por la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada en 1998 por las Naciones Unidas. Existe un Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, que garantiza su protección. Al proteger la libertad de expresión y de opinión no sólo se protege un derecho individual, sino que ello revierte en una protección colectiva de la posibilidad de denunciar las violaciones de...

En este libro se recogen los resultados de la investigación adelantada por lalínea de tendencias y perspectivas del derecho administrativo del Grupo de Derecho público de la Universidad del Rosario, con el auspicio de la GIZ. En él se mide la eficacia de los mecanismos de protección de los derechos por parte de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, con especial énfasis en la utilización de instrumentos provenientes de la globalización del derecho, de los usuarios de los sectores de la actividad económica privada que se han adaptado al modelo regulatorio de Estado, cuya...