Ciberespacio amenazado

La firma electrónica es un instrumento tecnológico que, con plena seguridad, permite a los sujetos identificarse y manifestar su consentimiento en las relaciones articuladas a través de redes telemáticas. No obstante, esta solución técnica ha suscitado significativas incógnitas tales como el valor jurídico de este tipo de firma o el régimen legal de los prestadores de servicios de certificación que hacen posible este instrumento. Con todo, las cuestiones precedentes no son las únicas. El contrato que vincula al firmante y al emisor de la firma -el desconocido contrato de...

Desde la perspectiva del Derecho de sociedades, si bien distinguiendo entre sociedades cotizadas y sociedades no cotizadas, se aborda en este estudio el análisis general de las clases de acciones sin voto y de las acciones rescatables. A partir de la determinación de las funciones que en la práctica puede cumplir esta figura, se examina su concepto y su régimen de creación y tutela, prestando especial atención a los instrumentos de protección que la Ley de Sociedades Anónimas reconoce a los titulares de clases de acciones. Prólogo (por Emilio Beltrán). I. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS...

Reunimos en este libro un total de nueve trabajos que hemos venido elaborando a partir del año 2001. Cinco de ellos son conjuntos, dos corresponden a Manuel Atienza y otros dos a Juan Ruiz Manero. Cerramos el libro con una conversación, a modo de epílogo, entre ambos. La mayor parte de estos trabajos han sido publicados como artículos de revista o capítulos de libro. A continuación señalamos los lugares en que se ha publicado cada uno de ellos, e indicamos también aquellos que han permanecido, hasta este momento, inéditos.

Los principios constitucionales de eficacia y eficiencia administrativa constituyen un tema de vital importancia para el derecho público y la ciencia jurídica administrativa vigentes. En este orden de ideas, a partir de un conjunto de exigencias y transformaciones, presupuesto de la existencia misma del modelo de Estado adoptado en la Constitución Política de 1991, se requiere de toda una organización estatal preparada para velar por la óptima consecución de fines y cargas establecidos constitucionalmente. Desde esta nueva perspectiva, le corresponde a esta área del derecho y, en...