El reparto de competencias en materia financeira en la doctrina del Tribunal Constitucional

La obra tiene como objeto de estudio la acusación popular española, institución que permite ejercitar a cualquier ciudadano la acción penal cuando se trata de delitos de carácter público, con independencia de su condición de ofendido (ex 101 y 270 LECrim). Se trata de una figura que cuenta con una larga trayectoria, aunque siempre ha estado en el ojo del huracán y rodeada de polémica; partidarios y detractores afloran tanto en la doctrina como en la práctica judicial. La acusación popular ha estado presente en el Derecho griego y en la República romana, períodos en los que se...

La jurisprudencia en materia de anulación del contrato, originada por los vicios del consentimiento al tiempo de contratar o por otras causas, es abundante. No hay duda de que la nulidad relativa o anulabilidad hace claudicante el contrato, que puede anularse o confirmarse. Sin embargo, es en torno al cese de la situación de incertidumbre donde la anulabilidad sugiere las cuestiones más difíciles de resolver, como refleja la doctrina. La necesidad de definir el perfil de la primera y más importante consecuencia jurídica de la anulabilidad -la facultad de anular el contrato-, su forma de ...

La presente obra contiene todos los elementos cualitativos para erigirse en un Tratado de referencia obligada, para conocer de forma sistematica, las principales cuestiones, que interesan, ocupan y preocupan en el ambito tan extenso e intenso como supone el tratamiento juridico de la Discapacidad y la Dependencia. Esta obra "magna" por su contenido y eleccion en la participacion de sus coautores (que merecen asimismo destacar la competencia y rigor de su trabajo), es la consecuencia material de una talentosa investigacion y de un muy notable trabajo de direccion, que ha sabido aunar, materias ...

Revisión iuspublicista de la previsión que, en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, permitía a los gobernadores civiles autorizar derribos de edificios arrendados, excepcionando la prórroga forzosa de aquellos contratos. Aunque formalmente derogada, resulta de gran actualidad por su aplicación a los arrendamientos concertados bajo su régimen y que afectan a viejos inmuebles que, con la expansión urbanística, han ido quedando muy bien situados y adquirido gran valor económico.