Derecho procesal constitucional (2da. edición)

A través de la presente monografía se analizan las cláusulas de mayor protección de los derechos humanos. La cláusula de la mayor protección en los tratados sobre derechos humanos se configuró con el objetivo de conciliar la ampliación del número de Estados parte y el mantenimiento del nivel de protección de los derechos en los Estados. En concreto, nos detendremos en las previsiones contenidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención Americana de Derechos Humanos. Con carácter previo examinaremos dos...

El derecho a la educación sintetiza buena parte de las argumentaciones y de los desafíos vinculados con las condiciones de vigencia y exigibilidad de los derechos sociales. A lo largo de esta obra, se analizan y debaten diversas concepciones de la educación, como bien comercial y como servicio público, y se reafirma aquella que le otorga su carácter de derecho a la educación básica así como su organización institucional en el marco del federalismo en la Argentina, a través del estudio de las bases constitucionales, el impacto de la jerarquización constitucional de los instrumentos...

Desde su aparición —con caracteres de novedad estelar— en nuestro panorama procesal, el proceso monitorio se ha revelado como una herramienta de gran utilidad para la reclamación de deudas dinerarias. Pronto adquirió un auge espectacular, hasta ascender a los puestos más altos del ránking en las estadísticas de los procesos más utilizados en la práctica cotidiana de nuestros tribunales, circunstancia que pone de manifiesto, por sí misma, la importancia y trascendencia adquiridas por este procedimiento. Sin embargo, desde su instauración en nuestro sistema procesal, la...

Revisión iuspublicista de la previsión que, en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, permitía a los gobernadores civiles autorizar derribos de edificios arrendados, excepcionando la prórroga forzosa de aquellos contratos. Aunque formalmente derogada, resulta de gran actualidad por su aplicación a los arrendamientos concertados bajo su régimen y que afectan a viejos inmuebles que, con la expansión urbanística, han ido quedando muy bien situados y adquirido gran valor económico.