La protección de los consumidores en los contratos de servicios jurídicos

La Interdicción de personas con discapacidad mental se tramita sede judicial, ante un juez, dentro de un juicio sumario, en el cual se añade una audiencia además de la única que tiene, llamada audiencia de parientes en donde se declara la interdicción provisional y nombra un curador interino para que lo represente en juicio, luego se deben evacuar las pruebas y realizar la audiencia única en donde se declara la interdicción definitiva y curador, este trámite cumple con los mismos requisitos de un juicio, inicia con demanda, citación, prueba, se posesiona peritos curador interino,...

La idea que inspira esta obra, a cargo de Abogados del Estado, es la de presentar de forma sistemática, la elaboración efectuada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de las principales instituciones del Derecho Administrativo, dando de ellas la visión que proporciona una interpretación del ordenamiento al servicio de la seguridad jurídica. Entre otras instituciones, se analizan: La Administración Pública; El acto administrativo; El Reglamento; El Decreto Legislativo y su impugnación jurisprudencial; Los contratos administrativos; El procedimiento administrativo; Los recursos...

Esta publicación llena el vacío que han dejado en Chile los estudios sobre la materia, únicamente reducidos a un análisis de las corporaciones y fundaciones. El libro se estructura a partir de las consideraciones básicas sobre la noción de persona y el sustrato de la personalidad jurídica. Analiza en profundidad temas tales como la nacionalidad de estas entidades, el abuso de la forma, su clasificación, los derechos y obligaciones de sus miembros, su patrimonio, divisiones y fusiones, conflictos de interés y el control de las mismas. La obra presenta también un reflexivo y...

El trabajo que comentamos no sólo aborda problemas filosóficomorales sino también, como no podía ser menos, aspectos jurídicos. En opinión del profesor Álvarez, el derecho a la libre disposición de la vida se fundamenta en el artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho a la libertad ideológica, que, a su juicio, tiene una evidente vertiente práctica sin la que la libertad ideológica quedaría desnaturalizada.