La intervención judicial de las comunicaciones del concursado

La aprobación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, supuso la plasmación de un programa político-criminal en relación con la delincuencia juvenil marcado por la asunción de una óptica esencialmente educativa y preventivo especial. De entre todas las decisiones adoptadas en este sentido, la potenciación de la mediación como mecanismo de solución de conflictos se presentó a priori como una de las principales apuestas de la Ley en su intento de desjudicializar el conflicto ahí dónde este pudiera resultar contraproducente...

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, ha supuesto un cambio fundamental en el protagonismo de la actividad de inspección de carácter ambiental. Tras su aprobación, aparecen dos figuras, la Declaración Responsable y la Comunicación Previa, que en muchos casos van a sustituir a la clásica técnica de intervención previa al ejercicio o inicio de cualquier actividad y/o instalación, la autorización administrativa. Aunque en el ámbito de la protección ambiental, la mayoría de las...

El presente trabajo describe y analiza las iniciativas que se vienen llevando a cabo desde mediados de la década pasada en materia de clínicas jurídicas de derechos humanos e interés público en América Latina. En varios países de dicha región (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú) se ha creado este tipo de clínicas, que llevan a cabo litigio en casos paradigmáticos a nivel interno e internacional y que participan en procesos de reforma legislativa. El trabajo explora los antecedentes del movimiento clínico en América Latina y muestra la innovación que traen...

En este libro se recogen los resultados de la investigación adelantada por lalínea de tendencias y perspectivas del derecho administrativo del Grupo de Derecho público de la Universidad del Rosario, con el auspicio de la GIZ. En él se mide la eficacia de los mecanismos de protección de los derechos por parte de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, con especial énfasis en la utilización de instrumentos provenientes de la globalización del derecho, de los usuarios de los sectores de la actividad económica privada que se han adaptado al modelo regulatorio de Estado, cuya...