La intervención judicial de las comunicaciones del concursado

Aborda diversas cuestiones de naturaleza civil, registral, administrativa y mercantil, entre las que cabe destacar, el tratamiento del objeto mediato de la pretensión de impugnación de los acuerdos sociales, el análisis restrictivo de las causas de nulidad, la necesaria revisión legislativa del carácter colegiado de los órganos de administración de nuestras sociedades anónimas y cooperativas, como condición previa de impugnación, la integración del standard "orden público", el estudio del conflicto de intereses, la teoría de los propios actos en materia de nulidad de acuerdos, el ...

Pese al dictado de la teoría económica clásica, que caracteriza la intervención del Estado en la economía como puramente correctiva, la experiencia nos muestra que el gran objetivo del bienestar común precisa de acciones públicas más allá de su foco en las fallas del mercado. En no pocas ocasiones, por diversas razones, la acción directa de la Administración en los mercados como un agente económico más cobra una importancia inusitada. La Administración Pública se despoja en estos eventos de su manto de autoridad y de su tradicional papel de regulador y supervisor del mercado...

La globalización de nuestras condiciones sociales también está afectando el ámbito del Derecho penal. Aunque éste sea incumbencia de cada uno de los Estados, en la práctica, la internacionalización es un hecho cada vez más extendido. El terrorismo, el tráfico de armas, drogas o personas sobrepasan las fronteras. Un delito económico cometido en Singapur por un delincuente detenido en Francfort, tal vez se juzgue en Gran Bretaña; un turista turco, de viaje a Escandinavia, puede ser penalizado en Alemania por una infracción de la circulación.

El sistema de atención a la dependencia, denominado SAAD, se articula en España a partir de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Individual y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Un día antes que la ley española, el 13 de diciembre de 2006, había sido aprobada la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor para el Estado español el 8 de mayo de 2008. El enfoque basado en derechos y el modelo social de la discapacidad suponen los dos elementos que condicionan el régimen de la...