La creación de la Auditoría General de la Nación y su incidencia en el mejoramiento del control externo del presupuesto

A partir de la unificación legislativa introducida en el sistema normativo argentino por la Ley 26944, este régimen legal diferenciado para los negocios mercantiles se encuentra presente no solo en el articulado del Código Civil y Comercial de la Nación, sino también en una innumerable cantidad de leyes especiales complementarias que se han dictado en materia comercial y consumeril, las cuales subsisten como microsistemas con plena vigencia en el derecho privado. En este contexto, surgió la necesidad de sistematizar estos microsistemas, ordenando las principales normas mercantiles, de...

Miguel Navarro Castro es Doctor en Derecho y Profesor Titular de Derecho Civil en la Universidad de Murcia desde 1998. Es autor de diversas publicaciones, entre las que destaca el libro La tradición instrumental. La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ha supuesto una profunda transformación de la legislación concursal, indiscutiblemente necesaria y largamente demandada. Uno de los aspectos en los que se pone especialmente de manifiesto la magnitud de esa transformación es el de los créditos contra la masa, lo que exige una revisión de las afirmaciones mantenidas tradicionalmente sobre ...

La presente obra busca plantear una filosofía del sistema penal, la cual descansa en el principio de imputación y a lo que hemos denominado la pragmática de la imputación penal. En esa inteligencia, y recurriendo a la legislación comparada, hemos explicado que la litis se fija cuando se formula imputación o se formaliza la investigación y no al cierre de la investigación cuando se plantea la acusación; ello por mandato legal y por la siguiente lógica del sistema: la afectación de la libertad personal mediante medidas cautelares o el dictado de decisiones jurisdiccionales de...

Este libro, escrito por Giovanni Priori, plantea una revisión de las nociones tradicionales del derecho procesal, a partir del paradigma del Estado constitucional. Desde esta perspectiva, invita a revisar las instituciones procesales desde los derechos fundamentales y de la estrecha relación que debe existir entre el proceso y los derechos materiales.