El derecho de sociedades y el gobierno de la sociedad anónima: el interés social, órganos, accionistas y administradores

Antonio Solís y Rivadeneyra (1610-1686), que fue secretario del conde de Oropesa y un literato de discreta fortuna, abandonó la literatura profana cuando decidió ingresar en la Compañía de Jesús y ordenarse sacerdote.A partir de ese momento, sus obras alcanzaron un gran prestigio, especialmente el texto americanista titulado "Historia de la conquista de México, población y progresos de la América septentrional, conocida por el nombre de Nueva España". Un libro excepcional que se publicó en 1684 y que, durante los siglos XVII y XVIII, alcanzó una notable repercusión en toda...

Santiago Muñoz Machado, uno de los más reputados juristas españoles, lleva a cabo una nueva presentación de la obra que constituye todo un clásico en la bibliografía de nuestro Derecho administrativo y constitucional desde hace quince años. En los nuevos tomos que integran la obra el autor, además de algunos cambios en la disposición de los materiales, ha llevado a cabo una corrección minuciosa de los textos y ha tenido en consideración, en la versión final, todas las aportaciones doctrinales y jurisprudenciales relevantes sobre los asuntos objeto de estudio que se han manifestado ...

"Hoy nuestra guía principal de aprendizaje es, y debe seguir siéndolo, el Derecho romano. Porque el Derecho romano no es una antigualla arrugada y fea, de trato difícil bajo el disfraz original de la lengua latina; el Derecho romano educa en la justicia material y enseña el rigor terminológico. Compartimos una misma lengua y la lengua es propiedad de sus hablantes. Pero la lengua no solo sirve a la comunicación discursiva del pensamiento; es verdadera y propia forma de actuar. Hablar es hacer, crear una nueva realidad, y yo quiero invitar a todos mis lectores a usar las palabras que...

El Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas se constituye como uno de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. Cuando el mismo se ve vulnerado por la actuación de la Administración de Justicia derivada de una dilación o retardo en la tramitación de un procedimiento penal, resulta absolutamente necesario proceder a su reparación y restitución. Y si esto resulta grave el cualquier orden judicial, es especialmente relevante, por las dañosas consecuencias que ello puede plantear y ocasionar, en el orden jurisdiccional penal, donde no sólo se vería lesionado este...