Aplicación de normas conflictuales: La aportación del juez

La globalización de nuestras condiciones sociales también está afectando el ámbito del Derecho penal. Aunque éste sea incumbencia de cada uno de los Estados, en la práctica, la internacionalización es un hecho cada vez más extendido. El terrorismo, el tráfico de armas, drogas o personas sobrepasan las fronteras. Un delito económico cometido en Singapur por un delincuente detenido en Francfort, tal vez se juzgue en Gran Bretaña; un turista turco, de viaje a Escandinavia, puede ser penalizado en Alemania por una infracción de la circulación.

El procedimiento de negociación colectiva se enfrenta, de manera habitual, a una serie de problemas que, desde su propio inicio, pone en riesgo la posibilidad de alcanzar un convenio colectivo estatutario plenamente aplicable. En este sentido, la acreditación de la legitimación negocial -para la denuncia o promoción del convenio- o los problemas de concurrencia pueden paralizar ab initio, el desarrollo del proceso. Pero, es más, pueden afectar, una vez negociado, a la validez futura del mismo convenio. En esta línea, es esencial, de una parte, fijar como se determina tal legitimación...

Laurence Burgorgue-Larsen es Catedrática de Derecho Internacional Público Derecho Europeo en la Universidad de La Sorbona (Paris I Panthéon Sorbonne) y Directora del Máster de investigación en Derecho Europeo, así como del Centro de Estudios sobre la Unión europea (Centre de Recherche sur l’Union Européenne). Imparte, además, cursos de posgrado en varias universidades europeas e hispanoamericanas. Sus investigaciones en derecho internacional, europeo y constitucional comparado giran en torno al estudio de los derechos fundamentales. Entre otras publicaciones, pueden destacarse...

Manual de negociación colectiva donde se explica de manera didáctica, desde la Ley y con toda la jurisprudencia aplicable, todo el régimen jurídico de los convenios colectivos y acuerdos colectivos. Puede ser útil en docencia de grado y posgrado, así como para negociadores de convenios colectivos, del lado empresarial y sindical, y operadores jurídicos especializados en Derecho del Trabajo. Incorporaría las reglas vigentes tras la reforma laboral prevista en esta etapa política, lo que condicionaría el plazo de edición, previsible a finales 2020.