Análisis Plural, primer semestre de 2021. Del miedo a la convivencia con el coronavirus

Conocer los conceptos, las herramientas y las practicas de la ordenación urbanística es necesario para participar de manera efectiva en el proyecto i en la construcción de nuestras ciudades. Este libro facilita a los estudiantes, a los titulados de diversas disciplinas, i en general a todas las personas que intervienen en la definición del futuro de la ciudad, el conocimiento de los instrumentos i los métodos operativos para la ordenación de la realidad urbana existente y de la posible, siempre en la perspectiva del desarrollo sostenible de la misma en sus componentes económico, social ...

El desarrollo tecnológico ejerce influencia sobre el sistema democrático, conlleva cambios en el funcionamiento de las organizaciones e instituciones políticas y afecta de manera particular al Parlamento. Las TIC enfatizan la crisis en la que se considera que se encuentra la institución parlamentaria debido a su insuficiente adaptación al nuevo entorno social y político. Aplicar al Parlamento los principios del Gobierno abierto (transparencia, participación y colaboración) se plantea, en esta obra, como una posible solución que implica el fortalecimiento de sus funciones...

La Ley Minera de México es una legislación que regula las actividades relacionadas con la exploración, explotación y beneficio de los recursos minerales en el país. Su objetivo principal es establecer el marco jurídico para el desarrollo sustentable de la industria minera, promoviendo la inversión, la competitividad y el aprovechamiento responsable de los recursos minerales. Indexada para fácil navegación Algunos aspectos clave de la Ley Minera de México son los siguientes: 1. Derechos mineros: La ley establece los derechos y las obligaciones de los titulares de concesiones mineras, ...

Este libro plantea una tesis novedosa en el mundo jurídico colombiano, la cual refiere que es posible ampliar la extensa y compleja doctrina científica y jurisprudencial sobre responsabilidad patrimonial del legislador a la actuación del poder constituyente. De esto se desprende que también sería posible, en términos jurídicos, responsabilizar al Estado colombiano por las actuaciones del poder constituyente. Si la Constitución Política de 1991 es finalmente reformada por el Poder Constituyente derivado o incluso al sustituirse o derogarse por el Poder Constituyente Originario,...